Desde hace unas semanas la Consejería de Educación
vuelve a pedir un certificado de penales al profesorado interino para poder
cubrir una sustitución. En noviembre de 2015, la mayoría de los sindicatos
manifestaron su rechazo ante esta medida por considerar que vulneraba el
derecho a la intimidad de las personas y la Administración
postergó su puesta en marcha.
Sin embargo en las últimas adjudicaciones
de nuevo se contemplaba el certificado de penales dentro de la documentación a
aportar por el profesor o profesora sustituta sin que se hubiera informado, ni
dado ninguna explicación por parte de la Consejería.
Estamos de acuerdo con la nueva Ley de
Protección a la Infancia
y Adolescencia que prevé la creación de un registro general de delincuentes
sexuales y condenamos cualquier forma de violencia y abuso de menores, pero
mientras se crea ese registro no se puede “discriminar” más al profesorado
interino y exigirle una documentación que aún no existe y sustituirla por un
certificado en el que aparece información reservada. Consideramos que con la
firma de la “declaración jurada” en la que se incluye un apartado al respecto
podría ser suficiente de momento.
Solicitamos una mayor cooperación y
coordinación entre las distintas administraciones para prevenir este tipo de
delitos sin que el coste económico y de vulneración de derechos recaiga en los
docentes interinos.
Al mismo tiempo
continuamos reclamando de la administración educativa una gestión más racional
y humana del procedimiento de adjudicación de sustituciones, puesto que se
suele publicar a partir de las 15 horas y la persona adjudicada no puede ni
llamar al centro de destino para obtener información, ni planificar ni
organizar siquiera su incorporación inmediata al mismo.
